domingo, 11 de octubre de 2009

Cumbre climática de Copenhague

Demandas de Greenpeace

La realidad del cambio climático supera con creces cualquiera de las previsiones científicas anteriores y es evidente que la amenaza de impactos irreversibles es mucho más inmediata de lo que hubiéramos podido imaginar. Cada vez queda menos tiempo para evitar que el cambio climático siga avanzando.

Ahora sabemos que los impactos derivados de un aumento de temperatura de sólo 1,5ºC pueden ser irreversibles y que un aumento de 2ºC puede desencadenar consecuencias catastróficas y llevarnos a un punto del que ya no haya vuelta atrás. Por estas razones, necesitamos un plan global que nos permita detener el aumento de la temperatura cuanto antes y descender, acto seguido, ampliamente por debajo de los niveles actuales.

La cumbre climática mundial que va a celebrarse el próximo mes de diciembre en Copenhague es la oportunidad que tenemos para salvar el clima pero para no desaprovecharla es necesario que los líderes políticos de todo el mundo asuman la responsabilidad de trabajar juntos para proteger a la gente, al medio ambiente y al planeta que, colectivamente, representan. Los jefes de Gobierno deben asegurar que las emisiones de gases de efecto invernadero globales van a alcanzar su punto más alto en 2015 para descender, posteriormente, tan rápido como sea posible hasta niveles tan próximos a cero como se pueda a mediados de siglo Greenpeace hace un llamamiento a los gobiernos que van a reunirse en Copenhague, el próximo mes de diciembre, en la cumbre mundial del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático para que alcancen un acuerdo basado en los siguientes puntos:

Los países desarrollados deben reducir sus emisiones, conjuntamente, por lo menos en un 40% para 2020 (tomando como referencia los niveles de 1990), reducción que en sus tres cuartas partes, como mínimo, debe realizarse a nivel interno. Para alcanzar estos objetivos, los países desarrollados -como grupo- deben acordar reducciones del 23% en el próximo período (2013-2017).

No va a ser posible alcanzar el acuerdo ambicioso que necesitamos en Copenhague a menos que los países desarrollados, como responsables históricos de la crisis climática y principales emisores actuales de gases de efecto invernadero, estén a la altura de de las promesas de liderazgo que hicieron en Río de Janeiro (1992) y en Kioto (1997). La confianza mutua entre los países desarrollados y los países en desarrollo que es necesaria para salvar el clima sólo puede conseguirse mediante un liderazgo climático sin precedentes de los primeros.

La lucha contra el cambio climático requiere acciones globales, profundas, firmes y generalizadas, por lo que, según Greenpeace, el compromiso de los países en desarrollo es también indispensable. Estos países deben contribuir al esfuerzo global reduciendo el crecimiento proyectado de emisiones entre un 15 y un 30% para 2020, mediante la implementación de las medidas “sin coste” que pueden ser alcanzadas sin ayuda externa. No obstante lo anterior, los países industrializados deben apoyar a los países en desarrollo en el
resto de medidas.

Los países pertenecientes a la franja de países en desarrollo van desde el grupo de los más pobres, que apenas han contribuido a la crisis climática, hasta aquellos que son más ricos que algunos países industrializados, por lo que no pueden ser tratados todos por igual. Para ser justos, el nivel de actuación de cada país debería basarse en su responsabilidad histórica en generación de emisiones y en su capacidad y potencial para reducirlas.

Así, algunos países en desarrollo tendrían capacidad para ir más allá de los límites previstos para la franja de países en desarrollo durante el siguiente período, la tercera fase del Protocolo de Kioto (2018-2022). Estos países se están desarrollando rápidamente y van a tener mayor capacidad de actuación, por lo que puede esperarse de ellos que asuman compromisos obligatorios de reducción de emisiones en términos absolutos.

Los países desarrollados deben comprometerse a aportar los fondos necesarios para que los países en desarrollo sean capaces de abordar un proceso de transición rápida hacia tecnologías limpias, reducir la deforestación y adaptarse a aquellos efectos del cambio climático que ya son inevitables a gran escala. Los fondos públicos que se requieren a estos efectos son del orden de 110.000 millones de euros al año para 2020.

No puede esperarse que la contribución a cifras tan elevadas sea directamente destinada y canalizada individualmente por cada estado a través de sus presupuestos nacionales, por lo que van a ser necesarios mecanismos que, de forma predecible y automática, sean capaces de generar estos fondos. En este sentido, Greenepace considera que los países industrializados deben pagar por sus permisos de emisión y que las cantidades resultantes deben destinarse a un fondo con el que alcanzar los siguientes objetivos:

  • Acabar con la deforestación y las emisiones que lleva asociadas en todos los países en desarrollo para 2020 y alcanzar la meta de cero deforestación para 2015 en las áreas clave como los bosques del Amazonas, del Congo Basin y del Paraíso, priorizando la protección de los bosques con valor de conservación elevado y de aquellos que son importantes como sustento de grupos indígenas y comunidades forestales.
  • Emprender acciones urgentes y mejoradas de adaptación en las áreas de manejo del riesgo y riesgo compartido, en cuanto a estrategias de reducción de desastres y en cooperación internacional.
  • Cooperar en términos de investigación y desarrollo, en favorecer una respuesta rápida de los países en desarrollo en cuanto a la transición a energías limpias y en el establecimiento de políticas y medidas capaces de crear las condiciones necesarias para una revolución energética.
Desde 2013 en adelante, los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDLs) basados en proyectos deberían limitarse a aquellos países en desarrollo con menor capacidad para reducir emisiones y deberían crearse nuevos mecanismos para incentivar a los países con más capacidad para hacer el tránsito hacia un sistema bajo en carbono.

Los MDL han canalizado más dinero hacia los países en desarrollo que cualquier otro fondo del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pero este dinero se ha dirigido sólo a unos pocos países. Eso ha contribuido muy poco al desarrollo sostenibles y en realidad ha favorecido un aumento neto de emisiones. Hay nuevos mecanismos de mercado que podrían aportar reducciones de emisiones adicionales al mismo tiempo que reducen los costes, pero deben ser diseñados de forma muy cuidadosa. Estos mecanismos deben ir más allá de simples compensaciones de las emisiones de los países industrializados y potenciar la actuación y el desarrollo sostenible de los países en desarrollo.

Los gobiernos deberían desechar el uso de mecanismos basados en el mercado para reducir emisiones derivadas de la deforestación. Estos mecanismos no son apropiados en una situación en la que es necesario el control público sobre las medidas de protección de los bosques y la financiación para asegurar que las reducciones de emisiones van de la mano de la protección de la biodiversidad y de los derechos de las personas que dependen de los bosques.

La energía nuclear, la captura y almacenamiento de carbono (CAC) y otras tecnologías insostenibles no deben computar como apoyo 'mesurado, comunicado y verificado' de los países en desarrollo bajo el acuerdo que se alcance para después del año 2012. Además, los créditos sucios (alcanzados con tecnologías insostenibles) deberían ser excluidos de cualquier mercado de carbono internacional.

Los países en desarrollo han acordado adoptar acciones 'mesuradas, comunicado y verificadas' para reducir sus emisiones siempre que los países industrializados les presten apoyo 'mesurado, comunicado y verificado' en términos de transferencia de tecnología y financiación. En cualquier caso, tecnologías como la energía nuclear o la CAC no contribuyen al desarrollo sostenible, por lo que no deberían ser consideradas en términos de transferencia tecnológica bajo el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático o aportar créditos a los países industrializados.

Las emisiones internacionales derivadas de la aviación y navegación marítima deben ser abordadas de forma apropiada en el acuerdo que se alcance para el período posterior a 2012.


Ambos sectores están creciendo de forma muy rápida y constituyen fuentes significativas de emisiones.

Los países industrializados deben incluir las emisiones derivadas de la aviación en sus objetivos de reducción de emisiones totales y tenerlos en cuenta en el punto de venda del combustible. Una aproximación sectorial es probablemente la mejor forma de dirigir las emisiones derivadas del transporte.

Todos los recursos financieros que se generen bajo el acuerdo que se alcance en Copenhague deben ser supervisados en el marco estructural de Naciones Unidas y deben acompañarse de un régimen regulador estricto que prevea penalidades severas para los casos de incumplimiento. El gobierno de estos mecanismos debe ser democrático, inclusivo, responsable y transparente y debe permitir la participación de aquellos directamente involucrados.

El acuerdo de Copenhague creará la necesidad de supervisar y dirigir grandes sumas de dinero público, tanto en fondos existentes como adicionales, que debe gestionarse de forma adecuada. Está claro que el Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático va a tener que dotarse de la maestría necesaria para evitar errores y va a tener que crear nuevos paneles de expertos y cuerpos que lo apoyen en este sentido. La sociedad civil va a tener también que estar involucrada en la planificación y supervisión de cómo se invierten estos fondos, a fin de asegurar la transparencia.

El acuerdo de Copenhague también debe incluir la retirada progresiva internacional de los hydrofluorocarbonos (HFC).

Lo anterior se deriva del hecho que en la siguiente decada los hydroclorofluorocarbonos (HCFCs), bajo el Protocolo de Montreal, van a ser retirados progresivamente y de ser reemplazados por los HFCs se corre el riesgo de que las emisiones de gases de efecto invernadero aumenten de forma considerable dado que la mayoría de HFCs son gases con este efecto en elevada potencia. Por esta razón la retirada progresiva a nivel internacional de los HFCs también debe incluirse en el acuerdo de Copenhague.

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