miércoles, 15 de diciembre de 2010

Memoria y Balance de la desaparición de la Carrera de Planificación Urbana y Regional por Marta Dodero

Objetivos del trabajo

Documentar un proceso de degradación desde la universidad hacia la sociedad que la sostiene.
Dejar testimonio del engaño y de la malversación de incumbencias.

P.U.R. Marta Dodero
San Isidro, noviembre de 2006
Indice
1. Introducción
2. Marco General
- Tipificación de la carrera: en el mundo y en el país
- Redes intencionales de confusiones más comunes y sus sin razones.
- Notas
3. Los hechos y los actores
- Presentación de las instituciones actuantes
- Metodología de la malversación.
- Notas.
4. Las consecuencias en la actualidad
- En la ciudad metropolitana: Ciudad Autónoma, el PUA y Prov. de BUE, ley 8912
- En el país, la apropiación de tierras y las ventas a extranjeros.
- Las ópticas ausentes: distribución de empleos, hacinamiento vs. seguridad.
- Notas
5. Cronología del Proceso
6. Bibliografía
7. Anexo
Contiene los documentos de base de este informe referidos exclusivamente al capitulo 3º y pueden ser solicitados por este medio: apevu@yahoo.com.ar
Resumen

El presente informe testimonia el retroceso cultural provocado por la desaparición de la profesión de Planeamiento Urbano y Regional en el momento en que el crecimiento metropolitano más requería de sus intervenciones. La acumulación de conflictos así lo muestra. El colapso creciente del territorio en distintos grados de descomposición, expolio y degradación, lo confirman. Se erradicó la cultura de la previsión para abrir el camino a la depredación.

1. Introducción

Hace veinte años.
Para un proceso de decadencia cultural es un instante.
Para la evolución de una trayectoria profesional es casi una generación.

En mi país irreverente y disgregador, fue un momento mas de imposición irracional, del pensamiento único de los cíclicos vencedores, de la descalificación del otro, de la exclusión y del afianzamiento del estado de excepción.

El 10 de diciembre de 1983 juraba el gobierno constitucional. El Dr. Alfonsín asumía con el voto de la mayoría y con el mandato mil veces declamado, de ejercer una democracia efectiva, en la que todos aspirábamos a sumar y a colaborar.

Contrariamente, el alejamiento de lo sensato, de lo sólido y de lo útil: el todo vale impuesto por selectos iluminados ha sido la tónica de los sucesivos asaltos al poder de bandas de las partidocracias caracterizadas por el vaciamiento del sentido social.

La ignorancia de sus agentes, volatilizó el contenido institucional y la legalidad de los procedimientos. Se bastardeó el lenguaje y se confundió sonoridad con sustancia, concepto con acción, idea con simulación. Se instaló la virtualidad, el en vez de y la conjetura inspirada.

Se denominó normalizador al decano que se arrogó facultades absolutas desde su visión prejuiciosa, limitada y corporativa.

Hace veinte años, con el apoyo esperanzado de la mayoría, se inicia la recuperación de la democracia que mostró tintes totalitarios y exclusivistas a través de sus avanzadas moradas. Hasta 1983, la Universidad, en tono menor, había mantenido algunos nichos académicos de excelencia, acotados a las posibilidades imperantes durante el terrorismo de Estado. Los dos últimos años de la dictadura habían sido usados para visualizar futuros avances y desarrollos de la especialidad. Así el país destrozado podría contar con Planificadores para asistir a su recomposición, se habían formado en la FAU desde 1948.

En la FAU de entonces, se quebró concientemente toda continuidad académica posible. Todo fue puesto en revisión. Se vivió un período de casa tomada. Se precipitaron hechos sin reflexión. Se impusieron acciones basadas en profundos prejuicios, desde la miope ignorancia, autoreferente, que caracteriza a las corporaciones. Esa misma fuerza detenta hasta hoy el poder que sostiene a instituciones rectoras del gobierno de la ciudad.

Este informe documenta los hechos y presenta a los responsables de la malversación de incumbencias perpetrada por los arquitectos contra sus colegas sobre calificados, los Planificadores Urbanos y Regionales.

Hoy se continúa el engaño, se dicta desde entonces un postgrado al que se denomina carrera, que no deviene incumbencias, resultando sólo en una especialización y por lo tanto, sin responsabilidad civil propia.

Se señalan, además, los perjuicios que resultaron de esa maniobra delictiva, aún impune y oculta, sobre la que se sigue construyendo, al sesgo, un costosísimo castillo de naipes, como lo demuestra el cotidiano malestar urbano, creciente, de nuestra Buenos Aires metropolitana colapsada y de nuestro interior diezmado por intereses cuasi feudales.

2. Marco General

-Tipificación de la Carrera: en el mundo y en Nuestro País

Para hacer evidente la importancia que la profesión de Planificador Urbano y Regional tiene en distintos medios, apelo a algunas citas textuales, que no pueden ser teñidas de parcialidades locales, ni partidismos interesados.
El planeamiento urbano surge con la agrupación de las edificaciones que sirven a las comunidades, y sus orígenes se remontan a los albores de la civilización. Sin embargo como actividad profesional autónoma y específica, sujeta a las normas legales y objeto de la acción administrativa, el urbanismo es en gran medida un fenómeno del siglo XX. Hasta la época de la 1º Guerra Mundial fue considerado por lo general, como una mera extensión de las actividades del arquitecto – como si se tratase de una arquitectura desarrollada a gran escala – relativa al trazado de calles y espacios abiertos y al emplazamiento y relaciones de las edificaciones.” [1]
“Planificar significa dar un orden a la evolución y desarrollo del espacio; siguiendo el criterio que mejor pueda servir a las necesidades futuras de la comunidad”.
“El planificador siempre debe de tener muy presente que el hecho de la planificación urbanística, jamás ha de tener un fin arquitectónico o urbanístico, sino que se ha de concebir como salvaguarda de los intereses generales de todos aquellos que son consumidores de un espacio urbano, o, lo que es lo mismo, de los ciudadanos.”...”Debe quedar muy claro que la función de control social, de la planificación social no es, como pudiera parecer, técnica: es política”. “Se trata de un campo en el que, por lo general, abundan presiones, clientelismo, obcecaciones, abusos de poder, indiferencias, y, por qué no decirlo, con frecuencia, ignorancia del político de turno sobre temas urbanos”.
Son numerosos los ejemplos que se podrían citar, sobre la política urbana, surgidos a la luz de los últimos años y cuyo denominador común es la corrupción...
"el espacio urbano es una especie de campo de batalla donde se lucha por conseguir los máximos beneficios derivados de los usos que se apliquen al suelo" [2]
La ciudad es un hecho cultural, conformado por la sociedad, en equilibrio dinámico entre distintos factores de poder a través del tiempo. Es un organismo productor de intercambios.
En cada situación urbana se verifica un estado de equilibrio inestable con distintos puntos de tensión”. “La ciudad es una creación humana imperfecta pero natural – no artificial – su imperfección es la consecuencia de la ignorancia humana”. [3]
La oferta de oportunidades es el atractivo de las grandes ciudades que sin respuestas planificadas que las encaucen, colapsan. Los mitos de Le Corbusier, sacados de contexto facilitan los altos índices de especulación y hacinamiento. [4]
El daño que hizo Le Corbusier le ha sobrevivido” dice Peter Hall.
La concentración de población en metrópolis y el abandono de las áreas rurales, requiere de la intervención de profesionales en distintas disciplinas, con la directa coordinación de planificadores entrenados que detecten y evalúen posibles soluciones para los nuevos conflictos.

En ese proceso interactivo de transformaciones recíprocas, entre realidades cambiantes y técnicos adaptados a ese manejo dialéctico, el entrenamiento diferencial de arquitectos-urbanistas y planificadores urbanos y regionales fue mutando desde una muy lejana base común. Hoy se ha transformado en otra actividad completamente diferente; apartada del dibujo y de la creación de espacios y volúmenes, en articulación directa con otras disciplinas.

El lugar del diseño se ocupó con los relevamientos y la fotointerpretación, el dictado de normas y resoluciones; se trocó matemáticas por estadísticas y cálculo de probabilidades, se operó con modelos, se trabajó con sistemas, con comités, con poblaciones, no con clientes.

Se resignó la satisfacción de arribar al producto terminado, a la obra consumada, para asumir el camino constante de encauzar procesos compartidos, en fluctuante transformación.

Así, de la comparación de las capacitaciones requeridas por ambas especialidades surge hoy que son diametralmente opuestas tanto en lo referido a los campos de acción como a los métodos de trabajo y producción. Pertenecen a universos diferentes.

Los arquitectos-urbanistas son ejecutores, creadores de objetos, de obras en el espacio, que se elaboran en tiempos fijados a priori, en función de sus propios fines.

Los P.U.R. gestionamos y organizamos procesos en tiempos variables y constantemente renovados, sin solución de continuidad acordes con requerimientos comunitarios, sociales.

Para los arquitectos-urbanistas el cliente es el comitente individual, familiar, empresario; el lugar de actuación es un terreno, un espacio definido, determinado, medible y con un entorno conocido, dado, con normas o códigos que limitan las funciones, usos y ocupación del suelo. La escala es local y los factores a tomar en cuenta para proyectar son de carácter privado presentados por el comitente.

El arquitecto-urbanista deberá también responder a factores simbólicos, estéticos, de trascendencia cultural, entre otros., paralelamente con el cumplimiento de los objetivos que motivaron la encomienda; todo esto dentro de presupuestos definidos, gamas de materiales y partidos ajustados a los acuerdos entre ambas partes. De la óptima articulación entre esas variables en los tiempos, tanto de ejecución del proyecto, de la construcción de la obra, del uso y de la utilidad del servicio, como del equilibrio en el rédito de la inversión, depende el éxito de la intervención.

El P.U.R. no tiene un cliente, trabaja para toda la comunidad. Sus relaciones laborales son en última instancia con instituciones, con gobiernos, en calidad de consultores o en la ejecución directa de trabajos en equipos interdisciplinarios, en relación con tareas de relevamiento, diagnósticos de situación, evaluación de alternativas, estudios de factibilidades, detección de desviaciones y tendencias, propuestas para la solución de conflictos, tareas de regulación y monitoreo del sistema.

La determinación del área de planeamiento es el resultado del análisis de las influencias y dependencias funcionales que interrelacionan procesos en el espacio. La escala de trabajo del P.U.R. es urbana, rural, municipal, regional, provincial o nacional, para lo que se requiere tener un entrenamiento a priori sobre las legislaciones vigentes y un especial conocimiento de las relaciones político-institucionales, ya que sus tareas los convierten en los referentes técnicos de decisiones políticas.

El P.U.R. entiende sobre la salud del organismo urbano.

Una carrera estructura una determinada manera de ver las cosas, una actitud frente a la realidad. Es muy distinta la óptica de un piloto de vuelos internacionales, que la de un investigador de la célula nerviosa, o la de un concertista de violín.

De esa magnitud de diferencias estamos hablando hoy entre arquitectos-urbanistas y planificadores urbanos y regionales.[5]

- En el mundo

La Planificación Urbana y Regional se inserta en cada país dentro de la trama que regula el ordenamiento del Estado, por ser un tema fuertemente influenciado desde y hacia la función pública. La curricula de la carrera y sus correspondientes incumbencias y responsabilidades civiles también están relacionadas directamente con la legislación nacional.

Para ejemplificar esto, voy a tratar someramente el caso de España, por ser el país que ha aportado la mayor parte de los asesores extranjeros contratados, hasta hoy, por la FADU, la Municipalidad y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. España se rige por una “Legislación Estatal del Suelo”.

Desde el 12 de mayo de 1956, día de nacimiento del Derecho Urbanístico Español,[6] esta ley, entendida como uno de los más modernos desarrollos del Derecho Administrativo, ha producido, durante su aplicación sostenida, una sólida jurisprudencia; ha sido sometida a las actualizaciones que en cada etapa la sociedad reclamaba. También ha sufrido inconvenientes en su enmienda de 1998 al dar cabida, por presiones del neoliberalismo, a atribuciones excesivas para el poder político local sin disponer de los debidos controles que los auditen.[7]

Esta ley dispone los métodos de actuación aplicables en todas las escalas, los procedimientos para la definición y la aprobación de los planes y sus enmiendas, las operaciones de reconstrucción, renovación y mantenimiento de áreas preservadas. Norma los procesos de participación ciudadana y los plazos de vigencia y alcances de las informaciones y alegaciones.

En la ley se reconocen los derechos de tercera generación, a sean aquellos que habilitan a un ciudadano común a reclamar por los bienes públicos. Incluye la definición de multas y penas para los delitos urbanísticos, que en muchos casos han terminado con las demoliciones de los edificios en infracción y el encarcelamiento de los funcionarios y de los desarrolladores implicados. [8]

Así, la sociedad española, desde hace medio siglo, habla del ordenamiento de su territorio dentro del marco de la ley, con sus conceptos y su lenguaje incorporado.

Es entonces señalable que los acuerdos entre los asesores españoles y los arquitectos argentinos contratantes, se vean influenciados por este estado de cosas diferencial.

Repasando brevemente un concepto elemental en el planeamiento como lo es la propiedad de la tierra, podemos entender cómo y cuánto este sólo parámetro condiciona fuertemente las intervenciones territoriales.

En España hay propiedad privada como en la Argentina, pero allá, ese derecho no es irrestricto sino limitado claramente desde varios aspectos. Se privilegia, en España mucho más que en la Argentina, el interés social por encima del individual.

En Israel, la propiedad de la tierra es del Estado en un 92% y su uso es cedido en alquiler, esta modalidad es una herencia del mandato inglés que también se regía por el mismo principio tradicional hasta la intervención de Margaret Thatcher.

El grado real de democratización del país, su nivel cultural, su desarrollo económico y su inserción regional definen su legislación y ésta, el ejercicio profesional de la Planificación.

Un ejemplo relevante de capacitación es la que se imparte en Italia, en Venecia, en la Facultad de Planificación del Territorio. Se dictan allí varias opciones: una carrera de grado, con un cupo de ingreso de 100 estudiantes elegidos entre los mejores promedios del secundario y que en su postulación solo hayan elegido la Planificación como alternativa. Se prevé que se reciban 60 alumnos por año que deben entregar una tesis y haber completado 180 créditos en tres años de cursado. Cumplidos estos requisitos, se diploman en “Ciencias de la Planificación Urbana y Territorial”.

El nivel superior, de postgrado, acepta a los propios titulados en su universidad directamente y a alumnos de otras facultades, previa una evaluación exhaustiva para determinar cuales créditos anteriores son válidos y la factibilidad de cumplimentar los débitos en su formación anterior. El postgrado toma 2 años y 120 créditos, más una tesis. En este nivel hay dos orientaciones: una en la que el título obtenido es de “Especialista en Planificación Urbana y Territorial” y la otra corresponde a “Especialista en Planificación y Política Ambiental”.

Paralelamente, existe el dictado de una carrera de grado, a distancia, con requerimientos de créditos y tesis sobre “Sistemas Informativos Territoriales”, también de 3 años de duración.

Los créditos incluyen la actividad didáctica directa: lecciones, ejercitación, laboratorio, trabajo de campo, viajes y también el tiempo dedicado al estudio, que en general es superior al 50% del tiempo dedicado al aprendizaje. Un crédito son 25 horas de trabajo y se considera que con dedicación completa, un estudiante puede obtener 60 créditos por año.

Todos estos programas están estrechamente vinculados a la normativa y a los planes de manejo territorial de la Comunidad Económica Europea, y se integran a programas de investigación.[9] En Israel, el programa para graduados del Technion, en Haifa, funciona desde 1970. El cupo es de 30 alumnos por año y la duración del curso es de 2 a 3 años. Se aceptan graduados en geografía, sociología, economía, ingeniería, biología, psicología, abogacía, además de arquitectos y paisajistas. El postgrado requiere la presentación de un proyecto o de una tesis. El nivel superior, el doctorado, acepta entre 3 y 5 postulantes por año. [10]

- En nuestro País

La Constitución Nacional implanta el sistema federal, que hace de las provincias entes autónomos sobre sus territorios. La planificación nacional por lo tanto en la Argentina sólo es posible mediante las facultades delegadas a la nación o por vía de acuerdos y pactos específicos. Es en los niveles locales, provinciales y municipales donde se producen la mayor parte de las intervenciones, como también a través de entes nacionales sectoriales. Hasta 1980 se habían realizado 412 estudios urbanísticos para ciudades de más de 20.000 habitantes y 246 estudios territoriales, en todo el país.[11]

Desde la desaparición de la carrera de P.U.R. se ha notado una amplia difusión de la óptica ambiental por encima de los estudios territoriales. Es importante señalar el avance positivo que esto significa en un proceso de toma de conciencia del cuidado y preservación del hábitat, que se había perdido durante varias décadas. Pero se requiere la complementación de otros estudios que evalúen alternativas y propongan soluciones integrales a los crecientes conflictos urbanos, metropolitanos y regionales.

Los Planes Urbanos incluyen, en sus definiciones de usos y ocupación del suelo, la realización de exhaustivos estudios de evaluación ambiental y previsión de los impactos diferenciales que se produzcan en las distintas etapas de aplicación del mismo Plan y de las distintas normativas que lo componen, a priori de proceder al dictado de las normas.

- Redes intencionales de confusiones más comunes y sus sin razones

La Argentina es un lugar en el que coexisten simultáneamente diversas culturas en distintos estadios evolutivos, en constante fricción, pujando por convalidar sus respectivas superioridades. Así, la sociedad dividida, atormentada por la búsqueda permanente de su identidad, siempre mostrándose nueva, siempre abierta a mimetizarse con corrientes extranjeras, siempre dispuesta a la destrucción de lo atesorado, avergonzada de su bagaje anterior, está siempre dispuesta para desconocer su experiencia y encaramarse a la novedad.[12]

Caracterizados por su miedo al ridículo, los emergentes públicos multiplican sus caretas en continuos recambios, cíclicamente jaqueados por tanta escenografía, pierden pie porque se les diluye el proscenio, pero se sostienen corporativamente. [13]

Se ha comprado a bulto una idea autodestructiva de progreso que nos ha ido trasmutando en otros, asumiendo collages inconsistentes que evaporan cualquier sentido. Seguimos buscando identidad y actuamos con picardía, [14] sin intuir en la posibilidad de reconocernos, de pensarnos, de indagarnos honestamente para revertir el proceso de desidentificación crónico.

Se confunde crecimiento con desarrollo, equiparando un parámetro fuertemente unido a lo económico, a índices numéricos, con la necesidad humana básica de procesar la vida en sus etapas, desarrollando sus capacidades para obtener libremente su calidad y su bienestar. No hay que crecer para desarrollarse, no hay que tener más rédito para ser más felices o más plenos. Hay ciudades con altísimos niveles de calidad de vida, que no crecen, pero sus habitantes se desarrollan. [15]

La persistencia en los errores de las dirigencias son constantes. No hay cambios de rumbos, solo hay radicalización en los mismos errores. [16] Se sigue otorgando funciones a agentes subcalificados. Vemos falencias graves cotidianamente en intervenciones relevantes de la función pública.

Se culpa a la educación cuando es la injusta distribución de los recursos, que además de educativos son sanitarios, laborales, de alojamiento, de infraestructura.

Se sabe lo que hay que hacer y no se hace aquello que se le debe al ciudadano quien los mantiene para que lo sirvan.

Hay una sostenida racionalidad depredatoria que al arrasar valores y al demoler tradiciones demuelen identidad. [17] Los saqueos han tenido varias direcciones, se ha sido creativo en eso. En este contexto de desconstrucción de la cultura casi cualquier despropósito es coherente; así se confundió a los Planificadores, se confundieron derechos adquiridos con privilegios; democracia con masificación; experiencia con conservadurismo.


[1] Whittick, Arnold: Enciclopedia de la Planificación; Instituto de estudios de Administración Local; Madrid; 1975.
[2] Mazón, Tomás Introducción a la Planificación Urbana; Editorial Aguaclara; Alicante; 1997.
[3] Reissman, L. :El Proceso Urbano; Editorial Gustavo Gili S.A.; Barcelona; 1972.
[4] Hardoy, Jorge Enrique: El Futuro de la Ciudad de América Latina; conferencia pronunciada en el IIED; 1992.
[5] Carrera de Planificación Urbana y Regional; 29º Ciclo Lectivo 1982; UBA, FAU; Departamento de Urbanismo y Planificación; anexo paginas 112 a 120.
[6] Legislación Estatal del Suelo; Civitas; Biblioteca de Legislación, Madrid; 1999.
[7] García Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano: Lecciones de Derecho Urbanístico; Editorial Civitas S.A.; Madrid; 1981.
[8] Fotocopia: demolición del Hotel Algarrobico; noticia de Greenpeace, 2006, se adjunta.
[9] Facultad de Planificación del Territorio; Venecia; www.iuavi.it/pianificazione.
[10] Facultad de Arquitectura y Planeamiento Urbano, Haifa, Israel;http://architecture.technion.ac.i.
[11] UNIUR: El Urbanismo en la Argentina; Inventario de los Estudios de Planeamiento Urbano y Territorial; OIKOS; Buenos Aires; 1980.
[12] Bleichmar, Silvia: No Me Hubiera Gustado Morir en los 90; Edición Taurus; Buenos Aires; 2006. En la pagina 144, amplía la idea: Las instituciones mediadoras de la identidad han variado y de ellas depende la posibilidad de recomposición de los procesos identificatorios que den garantía de detener la desintegración que amenaza a la sociedad argentina.
[13] Bleichmar, Idem; en la página 155 agrega...el pensamiento sufrió un desmantelamiento que nos dejó inermes.
[14] Bleichmar, Idem; en página 107 aclara...la mala fé fue reivindicada como picardía y la ausencia de moral concebida como relación inteligente con la realidad...se denigró el discurso ético que algunos, pese a todo, ejercieron...el país tomó conciencia de su tolerancia de años a la corrupción y al robo...
[15] Schumacher, E. F.:Lo Pequeño es Hermoso; Editorial Orbis S.A. Buenos Aires, 1973. [16] Bleichmar, Idem; en la página 59 dice...no defendemos... nuestro capital simbólic, y nos manifestamos...resignados ante el desmantelamiento de la inteligencia del país. [17] Badiou, Alain: Filosofía del Presente; Libros del Zorzal; Buenos Aires; 2005. Expresa en la página 61: Si Francia es una grandeza cansada, diré con gusto que Alemania es una pregunta gastada...Argentina una identidad autofagocitada, para seguir... siendo una figura de niña de la historia...y da a entender que siempre minimizando sus errores por su edad y olvidando su experiencia, entrando en el campo de lo incorregible.
[18] Bleichmar, Idem; en página 24 señala que nos habituamos a justificar las acciones más ruines en aras de la supervivencia, a considerar que el interés privado, la ganancia de cada uno eran razones suficientes para la bajeza ante el semejante.
[19] Bleichmar, Idem; en pagina 35 afirma que la ingenuidad política es también des-responsabilidad.
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“La política es la esfera de los puros medios;
es decir de la gestualidad absoluta e integral de los hombres.” 
Giorgio Agamben
3. Los hechos y los actores


- Presentación de las instituciones actuantes.

El proceso de desaparición será presentado en dos períodos. El primero se inicia en 1984, desde el nombramiento del arq. Berardo Dujovne como decano normalizador, hasta la aprobación de la ordenanza Nº 133, del que adjunto documentación. El segundo es el que media desde esa fecha, 1987, hasta hoy, al que hago referencia en varias partes de este informe.

Las instituciones responsables fueron: la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la Universidad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación y Justicia, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo: CPAyU, y la Asociación Argentina de Planificadores Urbanos y Regionales: AAPUR.

La Asociación Argentina de Planificadores Urbanos y Regionales

Desde 1982, los profesionales P.U.R. inician las gestiones para su organización gremial. Se perfilan los alcances de la asociación y se organizan en la FAU las primeras Jornadas de graduados, dedicadas a difundir los alcances de la especialidad y a crear vínculos entre los titulados.

El 28 de mayo de 1984 se labra el acta fundacional con la presencia de 56 profesionales. [1] El 19 de junio del mismo año se inició el trámite para obtener la personería jurídica Nº 704 que se obtuvo finalmente en 1986. [2]

En sus comienzos, la institución debe afrontar paralelamente con su consolidación societaria tres temas:
  1. La desestructuración del ámbito de dictado de la carrera, que le es fundamental y es el motivo de este informe. [3]
  2. La participación en el nuevo gobierno universitario respecto a los tres claustros y su inserción en todas aquellas instituciones donde es requerida la especialidad. [4]
  3. La evaluación y participación en los concursos de profesores dentro de su especialidad, que estaban en proceso de sustanciación. [5]
Sin embargo, el 1º de abril de 1985, se produce la renuncia de cinco miembros de la Comisión Directiva, alegando su discrepancia respecto a la denominación de la Asociación [6].

Según los renunciantes la AAPUR debía limitarse al planeamiento físico y dicha situación expresarse en sus siglas.

Dado que la mayoría no estaba dispuesta a deponer los alcances en el campo de su ejercicio profesional, pasando por encima de lo votado en la Asamblea Constitutiva con la voluntad de 56 planificadores entre los que se incluían los renunciantes, el 15 de abril de 1985 se aceptaron sus dimisiones.

Esa objeción aparecía superflua, ya que nadie hubiera objetado que algunos profesionales optaran por sólo dedicarse al Planeamiento Físico, sin oponerse a que los demás hiciéramos uso de las capacitaciones completas o de otras parcialidades y especializaciones que dentro de ellas eligiéramos; de hecho ya contábamos con especialistas en Planeamiento del Transporte, Planeamiento Rural, Legislación Urbanística, por citar algunas en ejercicio en aquel momento.

Los profesionales renunciantes ocupan desde entonces, hasta hoy, posiciones relevantes en la FADU, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y en el CPAyU. Coincidentemente, su posición respecto a los tres temas mencionados fue de:
  1. Aceptación y colaboración en la desjerarquización de la carrera, convertida al estatus de especialidad de postgrado, ocupando cargos en la nueva estructura.
  2. Aceptación de su inclusión en los claustros en carácter de arquitectos.
  3. Aceptar la desestimación de lo actuado en materia de concursos ya sustanciados y efectuar una reelaboración de las pautas para los nuevos llamados.
Desde entonces la mayor tarea de la AAPUR se concentra en tener presencia en la comunidad respecto a los temas de su competencia y obtener reconocimiento por sus aportes. [7]

En ese sentido, se substancian los recursos en la FAU, la UBA, el CPAyU y en el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, tendientes a recuperar la carrera desaparecida, y cuyas pruebas acompañan este informe.

Se organizan, todos los años, en conmemoración del día del Urbanismo, Jornadas de Graduados para el tratamiento de temas de su competencia.

Se colabora con informes técnicos a las instituciones que los solicitan. Se participa en foros y seminarios respecto a la “Ley de Ordenamiento Territorial”, respecto a los alcances y aplicación de la Ley Nº 8912 de la Provincia de Buenos Aires. Se obtiene la creación de la especialidad en el registro de peritos de justicia.

La actuación individual de los miembros de la AAPUR fue limitada, se sustanció sólo un recurso administrativo ya que debían hacerse a título personal por tratarse del reclamo de derechos subjetivos.

Cuando el recurso salió de las tramitaciones en la FAU, la AAPUR avaló, acompañó y colaboró activamente en el proceso del reclamo hasta la definición por resolución Nº 133 / 87, del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación.

Desde la FAU, mediante la resolución Nº 95 del 21 de febrero de 1984, [8] se deja sin efecto la existencia del Departamento de Urbanismo y Planificación, dentro de la Secretaría de Asuntos Académicos; se crea el Departamento de Arquitectura y Urbanismo y el Departamento de Disciplinas de Apoyo, creando también en esa resolución dos asignaturas electivas: Orientación Planificación y Morfología Urbana.

Se dispone por resolución Nº 96, [9] que el Curso Superior de Planeamiento Urbano y Regional pase a depender de la Secretaría de Investigación y Postgrado, sustrayéndolo del ámbito académico que es el que organiza las carreras con incumbencias, que conllevan responsabilidades civiles.

Estas decisiones se tomaron sin consultar a los profesionales graduados alumnos y docentes de la carrera de Planificación Urbana y Regional, y al interponer el primer reclamo se lo desestimó [10] obligando a iniciar un recurso administrativo de reconsideración, el 18 de junio de 1984, [11]expediente Nº 216.337.

Durante el trámite citado, se descalificó sistemáticamente las argumentaciones de los profesionales idóneos, [12] sin ningún argumento de fondo, mientras se iban profundizando las medidas que afianzaban lo resuelto inconsultamente por el DN.

Simultáneamente, se estaban organizando las elecciones para los claustros de la FAU. En sucesivas actuaciones solicitamos la incorporación de Planificadores en las instancias correspondientes. Siempre nos fue negada la representación, pero, en cambio les fue otorgada a los “diseñadores” de las dos carreras de reciente creación que por lo tanto mal podían contar con graduados. Acá es importante resaltar, que todos los alumnos de planeamiento urbano y regional somos arquitectos o ingenieros, y por lo tanto en ese doble carácter tenía pleno sentido su inclusión.

Al mismo tiempo se modifica la composición curricular del Curso Superior, se encarga de su dirección y “reorganización” a una arquitecta y luego a un arquitecto sociólogo, y se procede a concursar los cargos, desconociendo los llamados anteriores.

Los decanos que estuvieron a cargo de la Facultad en ese período fueron : el arq. Berardo Dujovne en su carácter de normalizador primero durante tres años y electo después, durante muchos años más, y el arq. Juan Manuel Borthagaray, en 1986 .

Por resolución Nº 1238 / 85 del 3 de diciembre, se reimplanta en la Carrera de Planificación Urbana y Regional, con modificaciones, la exigencia de la presentación de una tesis para acceder al certificado.

En la UBA, antes de iniciar el recurso jerárquico administrativo, los representantes de los graduados P.U.R. se reúnen con el Sr. Rector Lic. Francisco Delich, quien manifestó en la oportunidad no sólo su desconocimiento de la existencia de la carrera a su cargo, sino también la falta de información sobre el tema planteado. La reubicación de los funcionarios recientemente nombrados excedían las disponibilidades del espacio existente en las dependencias del Rectorado y esto era su preocupación central en ese momento.

El expediente entró el 6 de julio de 1984, durante el diligenciamiento del mismo, en la UBA no se produce ninguna investigación de fondo sobre los antecedentes ni sobre la legitimidad del reclamo, fundado en las normas vigentes para las carreras en todo el ámbito universitario a su cargo. Remite constantemente a la ahora FADU para su información, con lo cual, la instancia superior de apelación, se elimina a si misma, y deja la elevación ausente. [13]

La UBA, suspende los concursos de profesores por el decreto Nº 154 del 13 de diciembre de 1984.

El 19 de junio, por resolución Nº 452 / 85, se incluye a los diseñadores gráficos e industriales en el claustro de graduados. (ver anexo pág. 42 a 46) En ese sentido, hay cartas documentos de profesionales P.U.R. reclamando por las incongruencias en que incurre el gobierno universitario, [14] ya que mal podrían existir graduados de carreras de reciente creación, denegándose la representación de los graduados en planeamiento urbano y regional, existentes desde 1948.

El 6 de marzo de 1986, por resolución Nº 222, se resuelve refrendar la reimplantación de la tesis en la especialización que se dicta en la FADU, en reemplazo de la anterior carrera.

Los actuados en el Ministerio de Educación y Justicia no aportaron ninguna claridad al proceso ni tampoco merecieron la reconsideración solicitada. [16]

En ninguna etapa del proceso se investiga la situación conceptual de fondo sobre la que se insiste en el recurso. [17] Los argumentos que se usan para descalificar a la Carrera como generadora de incumbencias se usan para negarlas, por su condición de estudio de postgrado.[18] En algunos casos, prima sobre la especificidad encarada por los estudios que están destinados a formar un nuevo profesional entrenado para manejar procesos complejos en el tiempo. Esto no se considera. Cabe consignar que el dictado bajo la condición de postgrado a diplomados arquitectos e ingenieros se adoptó con carácter provisional por restricciones circunstanciales. Se intentó ingresar al debate por medio de una presentación ante la Presidencia de la Nación [19] y también solicitando audiencia directa con el Ministro. [20]

El Planeamiento Urbano y Regional no es Urbanismo más grande, es un quehacer actualizado por la complejidad de los procesos que define hoy su diferente naturaleza. [21]

El 19 de noviembre de 1986, la UBA notifica en copia legalizada la resolución Nº 2311 dictada por el Ministro Julio Rajneri rechazando el recurso. [22]

La resolución Nº 133 de 1987, con la firma del Ministro Jorge Sábato le quita las incumbencias profesionales a los P.U.R. y se la otorga a los arquitectos sin exigirles ninguna capacitación al efecto.[23]Se consuma así la desaparición del ejercicio profesional de los Planificadores.

En el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo se producen acciones contradictorias. Se reitera el 20 de diciembre del 83 la implementación de un procedimiento de supletoria de títulos convocado con anterioridad en 1974 mientras se niega a los P.U.R., una representación institucional formal en el Consejo en el que debian matricularse. Finalmente se niega lisa y llanamente su inclusión en las tratativas sobre las propias incumbencias en revisión con la FADU.

De las dos entrevistas llevadas a cabo entre miembros del Consejo y representantes de la AAPUR, con el objetivo de resolver los varios conflictos presentados por las gestiones para hacer desaparecer la carrera, sólo se obtuvo una iniciativa de aumentar el pago anual de la matrícula aún vigente en el Área Urbanismo.

La documentación que prueba la actitud parcial, en detrimento de la defensa de la matricula de los P.U.R. por ellos asumida, es voluminosa; presentaré los elementos más relevantes en el anexo de documentaciones en dos grupos: el primero [24], entre las páginas 76 a 91 contiene el intercambio de notas entre la AAPUR y el CPAyU, y el segundo, [25] entre las páginas 92 a 101 contiene las publicaciones del boletín del Consejo sobre el tema en conflicto.

Hasta aquí el detalle del primer período.

Después de 1987, la FAU cuenta con el dictado de un curso de especialización de postgrado, que como tal se factura, al que sin embargo se denomina carrera, aunque no esté incluido en el ámbito académico y carezca de incumbencias. Así se recicla el engaño entre los alumnos que asisten a ella.

Con motivo de la convocatoria a participar en el Foro Académico 2006 para la reorganización del área urbanismo en el ámbito de la FADU, presenté un informe por mesa de entradas el 21 de septiembre 2006, nota Nº 717/06. [26]

La UBA en permanentes crisis y excepcionalidades que la absorben con sus urgencias, desconoce absolutamente esta problemática, generada principalmente por no haber asumido su cabal responsabilidad medular, cuyos perjuicios no sólo vulneran los derechos y la confianza de los alumnos y de los egresados, sino que dañan a la sociedad por haber provocado la carencia de los aportes de los P.U.R. para la resolución de los conflictos territoriales en el ámbito de la opinión y de la cultura en general. [27]

El citado informe se presentó en la UBA el 23 de octubre de 2006.

El Ministerio de Educación renueva las incumbencias de los arquitectos en materia de Planeamiento, con la resolución Nº 498/06 acordada en la CONEAU. [28]

El informe también se presentó en esa institución, cuestionando la resolución citada.

El CPAyU ignora la situación en su totalidad, a pesar de haber sido parte en su momento, como lo prueban los documentos adjuntos y sin hacerse cargo actualmente de la representación de los matriculados en el área urbanismo que aún sigue vigente. [29]

Se adjuntó el mismo informe el 21 de septiembre, sin haber obtenido ninguna respuesta.

Desde entonces, la AAPUR sigue cumpliendo sus objetivos estatutarios en la medida en que el medio expulsivo y marginador consolidado lo permite, encontrando muchas dificultades para divulgar sus opiniones, ya que los medios de difusión masiva están coptados tanto por compromisos corporativos como por la ignorancia intencional impuesta sobre la situación aquí expuesta. Los consultados en materia de Planeamiento son los adjudicatarios del regalo de las incumbencias legitimado por las resoluciones 133/87 y 498/06.

Acompañan esta documentación los contenidos de la Carrera al momento de su desaparición [30] y el listado de los profesionales titulados y matriculados en 1984. [31]

- Metodología de la Malversación

El apropiarse de lo ajeno configura un amplísimo capítulo de la cultura de todos los tiempos.

Aquí se trata la apropiación de un bien cultural que implicó despojo de derechos adquiridos y daños a personas e instituciones; los beneficios se limitaron al ejercicio del poder corporativo con los miopes réditos grupales consecuentemente derivados.

Según las distintas fuentes consultadas [32] malversar es: gastar y/o disponer indebidamente fondos públicos o de otra clase, el que está encargado de administrarlos.
Malversación: expresión de significado claro que designa una forma de delito.

Si los bienes culturales son reconocidos como tales, son de amplio espectro e incluyen las actuaciones y modus operandi que resultan en su propio desmedro. Esos modos de operar en que se trastocan sistemáticamente los sentidos de las cosas, de los conceptos y de las instituciones, han resultado así en cúmulos de hechos inexplicables, arbitrarios, autoreferentes, aleatorios, caracterizados por la persistencia de sus daños y por la inercia autista que los reproduce.

Así, frases y lemas reiterados en el pasado se han incorporado a las creencias populares; convirtiéndose en equívocos paradigmáticos. [33]

La metodología de la malversación actúa desde la tergiversación del lenguaje y se apoya en un sistema basado en el desconocimiento de lo actuado y en la ignorancia a sabiendas. Se parte de una sola idea para alcanzar un único objetivo, sin considerar ningún efecto colateral. [34]

Veníamos del estado de excepción instalado por el terrorismo de estado y se continuó con la misma excepcionalidad en distintos órdenes; a pesar de regirnos por la Constitución Nacional. Se olvidaron y desdibujaron sus mandatos. Desde entonces el procedimiento es el mismo.

“La sociedad que en los años 80 recuperó sus derechos civiles, estaba vaciada de sus mejores energías, acostumbrada a sobrevivir en la mentira y en el miedo, y tan enferma de desaliento como necesitada del aliento de vitalidad creadora que la democracia prometió y no pudo, o no supo, dar”. [35] Surgió de allí la avalancha normalizadora la que quiso fundar la Tercera República.

Se articulan considerandos para justificar la excepción y esto siempre, desarma los contratos sociales. De esta manera se rigen asuntos tales como, seguridad, educación, entre otros. “La justicia social ha sido reducida a justicia penal”. [36]

Todo es espectáculo, todo es medios, gestos, lo real se ha vaciado de sentido, se apela al uso creciente de pseudo conceptos científicos con finalidad de control político. En ese sentido se ha llegado a límites que oscilan entre lo desopilante y lo patético.
“La fuerza es el medio por el que el poder administra la crueldad”.
“El valor de cambio ha eclipsado al valor de uso”.
“Lo verdadero, reconocido tan sólo como un momento de lo falso.”
“El poder se funda en el control de la apariencia”. [37]
“En la sociedad del espectáculo...el lenguaje ya no puede revelar nada,... revela la nada de todas las cosas”. [38]
En este caso, la desaparición de la carrera de P.U.R. se produce para remover desde su base, cualquier obstáculo a la libre decisión de instalar los negocios de la corporación inmobiliaria, donde mejor les redituara. Para eso no debían existir profesionales que les fijaran límites, desconociendo que los sistemas urbanos son sistemas vivos, son los “habitats modificados” de la especie humana y que, como todo ser vivo, requiere del respeto de sus condicionamientos para subsistir sin colapsar o incurrir en peligrosas patologías. Los organismos vivos se enferman.
Los seres humanos han sido reducidos a la condición de seres urbanos”. [39] Esto debe ser compensado.
“Cuanto más tiempo se ignora todo lo que en la ciudad hay de propósitos humanos y de funciones humanas, más predominan esos procesos subsidiarios sobre la imaginación del arquitecto y mucho más porque los fragmentos resultantes de tal tejido urbanoide pueden producirse en cualquier parte, con utilidades usurarias y en cantidades ilimitadas.”
“El nuevo concepto populachero de la ciudad como un recipiente disponible, que se sustituye cada década o cada generación, niega la función más valiosa de la ciudad como órgano de memoria social, es decir: como enlazadora de las generaciones y como instaladora en el presente tanto del pasado utilizable como del futuro que se ansía.” [40]
Para malversar hay que descalificar al poseedor: marcar que no posee nada, o que no merece lo que posee, o que su bien no es valioso. No hay que tener en cuenta su reclamo, no hay que hablar con él, hay que ignorarlo. No existe.

Una vez consumado el despojo, hay que apropiarse del bien y rodearse de cómplices para el uso y goce del botín, repartir cargos y honores sólo hasta el punto en que se mantenga la manipulación y el sometimiento sobre los nuevos agentes.

El proceso debe legitimarse mediante la norma, y para eso se dictan resoluciones y ordenanzas de carácter administrativo que habilitan a muchos cuadros intermedios para ejercer las funciones usurpadas.

El traspaso de incumbencias, su malversación hacia quienes carecen de la capacitación para ejercerlas, ha bloqueado las soluciones.

Los arquitectos están entrenados en nuestro medio para “ajustarse” a lo normado por Código; sin preguntarse quién, en algún momento, redactó ese documento, con cuáles datos y qué criterios usó para priorizar situaciones.

A través del tiempo, las modificaciones al Código se produjeron por presiones de los “desarrolladores” sobre los funcionarios. Si hubiera que señalar una forma de interconexión tipo entre corporación y política, estaría sintetizada en el texto del Código, en su evolución y en los distintos actos y actores que perpetraron el proceso.

Hoy el Código es un monumento críptico a las excepciones, al aumento del hacinamiento, a la disminución de los índices de habitabilidad y al sostenido incremento del malestar urbano. Se promueve la construcción sobre un espacio desvinculado de su entorno, de sus soportes de servicios y comunicaciones, desvinculación que fuerza al límite las necesidades humanas para el desarrollo de un vida saludable. [41]

El Código de Buenos Aires es parte de la misma óptica que sustentó al país, mirar con anteojeras. Se parte de actuar sobre aquello que perfecciona el negocio, las externalidades quedarán a cargo de la sociedad una vez que las plusvalías de la intervención esten en los destinos previstos. “El desarrollo urbano, metástasis de la desigualdad”. [42]

La malversación se sostiene desde la partidocracia que aporta funcionarios políticos para los cargos técnicos sin evaluar capacidades y trayectoria profesional, sólo por su pertenencia grupal corporativa. Suponer que el estar en la función pública es aval de solvencia es un error sostenido sobre el que hay que reflexionar...

Así los que adherían a la malversación han sido ubicados en posiciones de decisión sólo por ser adaptados funcionales a la maniobra; con el correr del tiempo y con la manía del olvido, muchos ignoran el trasfondo de la escena.

Esta malversación borró los parámetros para calificar la mala praxis al propugnarla, legitimándola.

El estado de las cosas adquiere fuerza de hecho consumado, la sociedad en su conjunto lo acepta sin análisis, suponiéndolo consistente y como resultado de misteriosos procesos que se imponen por el solo hecho de estar.

A modo de epílogo de este capítulo una reflexión doble, poniéndome en el lugar de los que han recibido “el regalo” y de quienes los consultan, más una pregunta final.

El arquitecto que se matricula en el CPAyU verifica sus alcances de título, ha cursado las dos materias electivas de planeamiento, acomete la encomienda laboral de buena fe y produce un plan de obras, en la certeza de que ese era el producto esperado. Pongamos como ejemplo la resolución de la congestión de tránsito en el obelisco, la propuesta de la perforación de la 9 de julio.

El periodista, que busca una opinión sobre ese anuncio rimbombante de la “más ancha - bajo nivel”, se dirige a los representantes sobresalientes de la profesión que detentan las incumbencias en Planeamiento Urbano, quizá un profesor universitario, miembro de la SCA, eventualmente funcionario municipal y recibe como en el primer caso una conjetura inspirada en los conocimientos que sobre el tema ha recibido el arquitecto en su formación. Eventualmente, para esos proyectos de obras mayores se suelen contratar consultores extranjeros....

Así tenemos el panorama que se completa con los reclamos de sentido común de muchas ONGs.

¿Quién es el responsable de esta situación patética en la que se retroalimenta la cerrazón del sistema con su propio empobrecimiento?


[1] Acta fundacional y distribución de cargos; ver *anexo páginas 1 a 6.
[2] Solicitud de personería jurídica, acta No 3, ver *anexo página 7.
[3] Reclamo por la desestructuración de la carrera, acta N0 11, ver anexo páginas 8 a 11.
[4] Pedido de representación en los claustros de la FAU y en el CPAyU, acta N0 4, ver anexo páginas 12 a 13.
[5]Tratamiento de los concursos docentes, acta N0 9, ver *anexo páginas 14 a 16.
[6]Renuncias a la AAPUR de 5 miembros de la Comisión Directiva, acta N0 15, páginas 17 a 19.
[7]Aportes al medio, registrados en el libro de actas de la AAPUR en su página N0 92 y el acta N0 32.
ver anexo páginas 20 a 22.
[8]Resolución N0 95, ver *anexo páginas 23 a 25.
[9]Resolución N0 96, ver *anexo páginas 25 a 29
[10]Nota del decano Normalizador desestimando el reclamo, ver *anexo página N0 30
[11]Se inicia el recurso de reconsideración, ver *anexo páginas 31 a 39.
[12]Acreditación de la representación de los graduados, ver *anexo páginas 40 a 41.
[13]Resolución 452/85 creación de los claustros para los graduados de diseño, ver *anexo páginas 42 a 46.
[14]Carta documento planteando el conflicto, ver *anexo página 47.
[15]La UBA deniega la representación y remite el padrón de graduados arquitectos.
ver *anexo página 48.
[16]Actuación 2838/85 de AAPUR ante el Secretario de Asuntos Universitarios, ver *anexo páginas 51 a 53.
[17]Actuación 217/86, de AAPUR ante el Ministro de Educación y Justicia, ver *anexo páginas 51 a 53
[18] Nota 134/86, deniegan incumbencias, ver *anexo página 54 y 55
[19]Solicitud a través de la Presidencia de la Nación, ver *anexo página 56.
[20]Carta documento de matriculados pidiendo audiencia al Ministro, ver *anexo página 57.
[21]Actuación N0 4526/85, solicitando un estudio a fondo del conflicto, ver *anexo páginas 58 y 59.
[22]Notificación del rechazo del recurso, ver *anexo páginas 60 a 63.
[23]Resolución N0 133/87 y 498/06, ver anexo páginas 64 a 75.
[24]Conjunto de varias notas de AAPUR y el CPAyU sobre el conflicto, ver* anexo páginas 92 a 101.
[25]Publicaciones en el CPAyU, ver *anexo páginas 51 a 53
[26] Informe a Decanato, Consejo Directivo y Secretario Académico de la FADU, ver *anexo páginas 102 y 106
[27]Nota de elevación a la UBA que acompaña al informe citado en la nota 26, ver *anexo páginas 107 y 108.
[28]Nota al Ministerio de Educación que acompaña al informe precitado, ver *anexo página 121
[29]Nota de presentación al CPAyU, idem anterior ver *anexo página 111.
[30]Listado de profesionales titulados y/o matriculados a 1984, ver *anexo páginas 112 a 120.
[31]Notificación del rechazo del recurso, ver *anexo páginas 60 a 63.
[32]Diccionarios Larousse 1997 y Mará Moliner 1998/2002.
[33]Ni vencedores ni vencidos. Sin premios ni castigos. Alpargatas si, libros no. La juventud al poder.
Universidad abierta para todos. Los paradigmas de la infamia: por algo será y no te metás. Las premoniciones del tango "Cambalache".
[34]Galeano, Eduardo: Patas Arriba; idem anterior.
[35]Idem.
[36]Idem.
[37]Cuatro notas de Agamben, Giorgio: Medios sin fin; Ed. Graphic 3 S.A; Valencia; 2001.
[38]Galeano, Eduardo: Patas Arriba; idem anterior.
[39]Idem.
[40]Mumford, Lewis: Perspectivas Urbanas; Emecé Editors; Buenos Aires; 1968.
[41]Reclamos de la Comuna de Caballito; protocomunacaballito@yahoo.com.ar
[42]Galeano, Eduardo: Patas Arriba; idem anterior
*Nota el anexo contiene documentos de archivo -referidos exclusivamente al capitulo 3º- y pueden ser solicitados por este medio: apevu@yahoo.com.ar

4. Las consecuencias en la actualidad

- En la ciudad metropolitana: Ciudad Autónoma, el P.U.A. y Provincia de Buenos Aires, ley 8912.

Ningún episodio está a salvo de sus consecuencias. Así, la malversación de incumbencias produjo sus resultados correspondientes.

Las praxis ausentes se materializan en la acumulación de los conflictos sin resolución, visto esto desde cualquier escala en que se lo decida enfocar.

Si tomamos el listado de macro emprendimientos propuestos sobre cualquier jurisdicción por los operadores, corporaciones y agentes de inversiones internacionales, vamos a tener delante un galimatías desopilante y patético:
  • El traslado de la Capital a Viedma y la fundación de la Tercera República.
  • La aeroisla.
  • El Puente Buenos Aires – Colonia.
  • Los sucesivos concursos convocados por la SCA para construir sobre la parrilla de vías de Retiro. También los sucesivos concursos de “ideas” para la ciudad.
  • El Auditorio y otros proyectos mutantes sobre las tierras ilegalmente vendidas a la Sociedad Rural Argentina en Plaza Italia.
  • Los mil días del Riachuelo.
  • Los proyectos de Torres en la ribera de Vicente López.
Se complementa, con realizaciones cuyas consecuencias continuamos pagando.
  • El levantamiento de los ramales ferroviarios.
  • La creación de la Corporación del Sur, desligándola del proceso de estudio del Plan Urbano Ambiental.
  • La tala indiscriminada de bosques, eliminando áreas de biodiversidad.
  • La privatización de las empresas nacionales en pésimas condiciones entre las que se cuentan YPF, Aerolíneas Argentinas y tantas otras.
  • La creación de la Corporación Antiguo Puerto Madero, la extranjerización del área y la construcción de torres configurando una ciudad sideral, ajena.
  • El cegado de las bombas de achique de las napas metropolitanas.
  • Los rellenos irregulares de la línea de ribera desde La Plata al Tigre.
  • El desvío del río Reconquista por el canal aliviador en violación del Código Civil.
  • La multiplicación de fideicomisos con los procesos de control de gestión diferidos.
Se citan sólo los temas más difundidos por los medios, pero la inexistencia del planeamiento es endémica y la tendencia se acentúa en relación inversa a su necesidad reclamada por la sociedad argentina ahogada de conflictos. Últimamente se nota una aceleración por concretar obras violatorias de las más elementales normas de habitabilidad. [1]

La ciudad metropolitana es un área de planeamiento única, consistente y fuertemente vinculada; se encuentra hoy diezmada por las divisiones políticas, tanto jurisdiccionales como partidocráticas, y friccionada por su propia macrocefalia.

Las relaciones entre la ciudad autónoma y su entorno son vitales para el manejo conjunto en temas como: atención de la salud, transporte, disposición de basuras, radicación de empleos, radicación de población y servicios, protección de áreas inundables, mantenimiento de reservas forestales, espacios verdes públicos y zonas productivas. El saneamiento de las cuencas Matanza-Riachuelo / Luján-Reconquista está en emergencia.

Las mismas instituciones que deben solucionar los conflictos, conspiran para impedir su resolución. Las divisiones entre cotos privados y la voluntad de mantenerlos, junto con la proliferación infinita de agentes menores con delegaciones de poder de decisión o de veto y la ignorancia en que se acunan son sus principales causas, potenciadas por las empresas cuyos intereses se verían modificados.

Tomando como ejemplo la responsabilidad sobre la disposición de los residuos producidos en la Capital Federal a cargo del CEAMSE, que los exporta a la Provincia sobre las zonas del denominado “cinturón ecológico”.

El sistema de enterramiento sanitario que se adoptó, hoy obsoleto, ha demostrado su peligrosidad en el mediano y largo plazo, paralelamente con el incumplimiento de las especificaciones técnicas que lo norman y la colmatación de las superficies asignadas para el proceso.

Hablamos de los residuos producidos por 3 millones de habitantes de los 200 Km2 de Capital Federal. Considerando que el área metropolitana tiene 2.500 Km2 y 13 millones de habitantes, ¿dónde van los residuos producidos por esas poblaciones?.

La quema de basura fue prohibida en la ciudad hace 30 años. Debían haberse adoptado métodos combinados de reclasificación y reciclajes, generando industrias subsidiaria productivas (por ejemplo los vidrios coloreados en España o las placas de aglomerados con resinas para tablones); en cambio, el poder político institucionaliza a los cartoneros, antes denominados cirujas, les crea un registro y en los FFCC. se disponen trenes para su traslado, asumiendo así un escalón descendente más hacia el disparate sin mejorar las condiciones de vida de los damnificados, que el propio sistema crea en proporciones insostenibles.

Los temas sin resolver han derramado externalidades patológicas comprometedoras de la vida en sociedad con la generación de los índices de inseguridad consecuentes.

La posibilidad de que el área metropolitana sea un área de planeamiento integrada, es cada día más remota al afianzarse los absolutismos políticos sobre la ciudad autónoma y sobre los 22 cotos de los partidos del gran BUE, nodos de poder e influencias crecientes que se concentran para negociar réditos corporativos.

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé la democracia participativa, se demoró 10 años en reglamentarla, y hoy, vista la última propuesta del “Ministro” del área del Ejecutivo Urbano [2] , todavía su vigencia es incierta.

La CCABA prevé la relación de la ciudad con los partidos circundantes, hay estudios y convenios al respecto, sin concreciones eficaces. Los políticos a cargo de esos territorios se niegan a compartir, no quieren sumar.

La CCABA, prevé el estudio de un Plan Urbano Ambiental. En 8 años sólo tenemos una carpeta de negocios que ni siquiera zonifica las áreas urbanas aptas para recibir aumentos de población. [3]

El documento presentado a la Legislatura para su aprobación ha sido bloqueado, en dos oportunidades, por la interposición de un recurso judicial de inconstitucionalidad por vicios en el proceso de su elaboración, al haberse probado la manipulación de la participación de la ciudadanía, por el monitoreo responsable de la ComAPH. [4]

Esto ha sido una consecuencia directa de la malversación de incumbencias, ya que los profesionales intervinientes son en su mayoría arquitectos y la tercerización de los estudios les fueron adjudicaron en un 83% a la Facultad de Arquitectura. Cabe señalar también, que la mala praxis en la elaboración del P.U.A. no ha podido ser objetada por haberse institucionalizado la malversación de las incumbencias en dos oportunidades. [5]

La Provincia de BUE tiene en vigencia la única ley provincial de uso del suelo del país, la Nº 8912, aunque su único mérito verificable sea su permanencia escenográfica.. La proliferación patológica de countries, sólo diseñada en función del mercado inmobiliario especulativo, hace patente su violación.

- En el país: la apropiación de tierras públicas y las ventas a extranjeros

Las tierras públicas urbanas son un recurso no renovable y al mismo tiempo una fuente de apropiación ligera de plusvalías para los “desarrolladores” más ágiles.

El traspaso de tierras públicas del Estado Nacional al patrimonio privado mediante un organismo sin competencias para concretarlo como el Onabe, [6] sin la intervención del Congreso de la Nación es un delito que merece tratamiento específico por la gravedad que la cuestión reviste. En el área metropolitana, cuyo índice de espacios verdes públicos, 0,9m2/habit., es mucho más que insuficiente, están en franca
desaparición. “Los espacios verdes parquizados a lo largo del siglo XX han disminuido un 75% en relación al número de habitantes. En 1904 en la ciudad de Buenos Aires, contábamos con 7m2/habit. y al final del S XX con 1,9m2/habit.”. [7]

Independientemente de las zonas destinadas a parques de uso público y acceso gratuito, las tierras públicas deben ser mantenidas para reservas de espacios, en concepto de emergencias de usos, como fuelles para paliar carencias de equipamientos, o para mitigar congestiones hasta tanto se resuelva el fondo del problema.

Respecto a la venta libre de tierras privadas, es aleccionador tener en mente cómo se creó el Estado de Israel o cómo se anexaron los territorios petroleros mejicanos a los EE.UU. o el traspaso de Alaska a las estrellas de la Unión. Deberíamos preocuparnos en consecuencia por adivinar de qué nacionalidad serán nuestros bisnietos. Con la propiedad del 10 % de nuestras tierras, en manos extranjeras de distintas nacionalidades, es difícil de imaginar.

Si tuviéramos en mente cuántas ideas del mercado internacional han afectado nuestros usos colonizando indirectamente nuestras decisiones y han modelado nuestras actividades al servicio de intereses ajenos, la recuperación de una identidad desde lo auténtico es medular.

Nuestra tendencia a las aperturas indiscriminadas, a la novedad, al primer mundo que nos ve como lo ha hecho desde hace 500 años, como tierras de colonización, convierte la entrada masiva del turismo en una incierta profundización del saqueo, imposible de evaluar con la tónica imperante y con la falta de previsión urgente. Construimos hoteles demoliendo palacios tradicionales [8] damos acceso a contingentes numerosísimos en áreas de alta fragilidad medio ambiental.

El planeamiento territorial es imprescindible para usar, en beneficio de todos, las diferentes acciones que movilicen nuestros recursos.

- Las ópticas ausentes: distribución de empleos, hacinamiento versus seguridad.

El Planeamiento es opuesto por definición a los intereses del neoliberalismo; el planeamiento es distribucionista, ya que planificar es disponer del uso óptimo de los recursos para facilitar el desarrollo armónico del cuerpo social.

Sólo los planeamientos sectoriales, estratégicos o de coyuntura, del tipo empresarial o los planes de negocios, son compatibles con el neoliberalismo asentado en la Argentina. Hoy, los resultados de la aplicación sostenida de sus valores y principios están a la vista.

En la actualidad están fuera de consideración las políticas públicas de relocalización de empleos y su consecuente redistribución de población que con eficacia aplicó Francia con la creación del cordón de nuevas ciudades satélites en los años 60 corrigiendo la sobre congestión de Paris.
“...La Planificación es una respuesta históricamente específica y socialmente necesaria a las tendencias de autodesorganización de las relaciones sociales y de propiedad del capitalismo privatizado tal como aparece en el espacio urbano”. [9]
La Planificación no puede hacer nada más que modificar algunos de los parámetros del proceso de explotación del suelo, no puede cambiar su lógica intrínseca y por lo tanto no puede eliminar la contradicción que hay entre la acumulación privada y la acción colectiva”. [10]
“...a la gente se le hace discursos, se le pacifica, se le engaña y finalmente se le convence de que la desigualdad, la pobreza y la falta de salud, son problemas que la víctima tiene por su propia culpa o se le dice que son problemas tan “políticos” y “complejos” que ellos no pueden intervenir”. [11]
Jurgen Habermas, “considera que tanto la política democrática como la planificación, exige el consentimiento que surge de los procesos de crítica colectiva y no del silencio que exige la línea impuesta por el partido”. [12]
Davidoff, en el “Urbanismo de Defensa” enuncia los siguientes principios:
  • Cuidar las relaciones con la comunidad.
  • Escuchar con atención a la gente.
  • Involucrar a los grupos menos cohesionados.
  • Enseñar a los ciudadanos cómo organizarse en grupos.
  • Ofrecer información y asegurarse de que la gente sepa cómo obtenerla.
  • Aprender a trabajar con los distintos grupos en situaciones conflictivas.
  • Insistir en la necesidad de participar.
  • Compensar las presiones externas. [13]
Las densidades habitacionales de la ciudad autónoma son muy altas: con 3.600 habit./Km2, llegando a los 180.000 en las áreas colapsadas [14] generadoras en si de patologías de conducta que desembocan naturalmente en comportamientos antisociales. [15] El congestionamiento de las ciudades configura un medio urbano violento. El ser humano al igual que otra especie viviente, necesita de un espacio y un medio determinado para cumplir sus funciones vitales. El hacinamiento, la congestión, los ruidos, la contaminación visual y atmosférica, generan climas de malestar creciente que son agresivos y producen respuestas violentas. Esto, sumado a las exclusiones sostenidas del sistema, son las situaciones explosivas que hoy aceptamos, mirando para otro lado y pidiendo más vigilancia y más represión, es decir, empeorando las condiciones necesarias para recuperar la paz.

Distribuir los recursos entre todos, planificando las soluciones con todos, es el camino para reconquistar la seguridad.

Desde hace tiempo “el país tiene psoriasis y le pintan las pestañas”...



[1] Vicente López, paquete de ordenanzas de excepción votadas el 24/12/04 y ordenanzas Nºs. 24.138 y 24.139, boletín oficial Nº 435/2006.
[2] Normativa del Ministerio de Gestión y Descentralización, comunadelaciudad@buenosaires.gov.ar
[3] Reclamos de los vecinos de caballito y de otros barrios hacinados.
[4] Expedientes Nºs. 2634/01 y 13039/0, Juzgado Nº 1, Secretaría Nº 1. ComAPH es la Comisión Asesora Permanente Honoraria, creada por la ley Nº 71, art. 6º; integrada por 116 ONGs para hacer el seguimiento y control durante la elaboración del Plan Urbano Ambiental. Con las pruebas producidas durante ese proceso se accionó judicialmente.
[5] Resoluciones Nº 133/87 y 498/06 del Ministerio de Educación de la Nación.
[6] Onabe: Organismo Nacional de Administración de Bienes, sucesor de Enabief: ente Nacional de Administración de Bienes Frroviarios.
[7] APEVU, datos suministrados en el 2ª Encuentro por la Defensa de las Tierras Públicas, agosto 2006.
[8] Palacio Unzué vs. Hotel “Four Seasons”.
[9] Hall, Peter: Ciudades del Mañana; EUDEBA, Buenos Aires, 1996. En página 347 cita a Dear y Scott.
[10] Hall, Peter: Idem, cita a Scott y Roweis en página 349.
[11] Idem, cita a John Forester en página 349.
[12] Idem, cita a Habermas en página 349.
[13] Idem, cita a Davidoff en página 350.
[14] Datos de APEVU.
[15] Hall, Edward T. : La Dimensión Oculta; Siglo XXI Editores; Mejico; 1979. Cita al Informe Calhuon 1947.

5. Cronología del Proceso

1947. Se crea la Facultad de Arquitectura y Urbanismo por ley Nº 13045/47. Previamente los arquitectos se graduaban en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Cada nueva facultad debía dictar dos carreras. El Ing. de la Paolera organiza el Curso Superior de Urbanismo en nivel post-grado, que se dicta en el ámbito del Instituto Superior de Urbanismo de la FAU, inscribe a arquitectos e ingenieros y otorga títulos de “Arquitecto o Ingeniero especializado en Urbanismo”.

1948. La UBA dicta la ordenanza Nº 16 del 16/12/48 en la cual se delimitan las competencias de los títulos de “arquitecto” y de “arquitecto o ingeniero especializado en urbanismo”. Firma el vice-interventor nacional Julio Otaola.

1951. Por ordenanza del Consejo Superior Nº 743 del 19/12/51 se aprueba el plan de estudios del Curso Superior de Urbanismo ( 7 materias y tesis ), sin modificar las condiciones de inscripción, ni el título.

1958. Se habilita la inscripción en la matricula de Profesionales del Área Urbanismo en el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo por decreto ley 6070/58, ley Nº 14467, jurisdicción nacional como condición para el desempaño profesional.

1968. Por resolución del Consejo Superior Nº 199 del 25/4/68, el curso pasa a denominarse “Curso Superior de Planeamiento Urbano y Regional", que otorgará título de “Planificador Urbano y Regional” y se aprueba un nuevo plan de estudios ( 9 materias, 6 cursillos obligatorios, seminarios complementarios y tesis ). Se mantiene la inscripción reservada a arquitectos e ingenieros.

1974. La Junta Central de Consejos Profesionales de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería por resolución Nº 12/74 aprobada en acta Nº 268/74, procede a reconocer la especialidad en Planeamiento Urbano y Regional. Por resolución del Decano Interventor Nº 400 del 8/11/74 se reimplanta el dictado del curso y se encomienda al Director un plan de estudios y normas para el ingreso. El arq. S. Fernández Pico presenta una propuesta de reestructuración en la que aconseja crear a nivel de grado, la Carrera de Planeamiento y hasta tanto la misma se apruebe e instrumente, adjunta un plan transitorio para reestructurar el curso, eliminando la tesis

1975. Por resolución Nº 46/75 se deroga la tesis requerida para el egreso y por lo tanto se modifica la resolución del C.S. Nº 199/68 y se aprueba la resolución Nº 765. Por memorando del 18/9/75 dirigido al Decano normalizador, el Secretario Administrativo, Sr. H. Bayón informa que desde su creación hasta la fecha, han obtenido su título 15 profesionales, que otros 18 adeudan la tesis, sobre un total de 600 que registraron inscripción, de los cuales 70 no llegaron a aprobar ninguna materia.

1978. Por expediente Nº 209.974/78, se definen los alcances de títulos que se aprueban por resolución C.S. Nº 385.

1979. Por resolución del C.S. Nº 385 del 24/7/79, se establece que los títulos de “Arquitecto o Ingeniero especializado en Urbanismo” y de “Planificador Urbano y Regional” tienen los alcances e incumbencias, fijadas en la ordenanza Nº 16 de 1948. Por resolución D. Nº 659 del 23/10/79, se desafecta al CUSPUR del área de la Secretaría de Investigación y Desarrollo y se la transfiere a la Secretaría Académica, dentro de la cual se crea el Departamento de Urbanismo y Planificación. El propósito era posibilitar “un intercambio más directo y fructífero en el área de la Planificación con los conocimientos que actualmente integra la curricula de grado”. Por otra resolución la Dirección del departamento recae en el Director del CUSPUR, arq. J. Duprat.

1980. El Decano arq. Corbacho eleva al Rector un nuevo deslinde de incumbencias correspondientes a los títulos de “Arquitecto” y “Planificador Urbano y Regional”, que no llega a aprobarse.

1982. Se crea la Asociación Argentina de Planificadores Urbanos y Regionales, AAPUR, que agrupa a los egresados del CUSPUR.
El CPAyU por resolución Nº 17 reconoce idoneidad profesional otorgando matricula habilitante a aquellos arquitectos e ingenieros que se ajusten a las condiciones estipuladas para merecer la supletoria de títulos con antecedentes de ejercicio en el área de la Planificación.
La FAU compendia en una publicación el contenido del 29 ciclo lectivo de la carrera de Planificación Urbana y Regional, allí se expresa que “constituye una de las carreras que otorga diploma habilitante en el ámbito académico de la FAU-UBA” y se incluye el plan de estudios y copia de la ordenanza Nº 16/48 que otorgó las incumbencias.

1983. El decano, arq. Piña, remite al rectorado la resolución del Consejo Académico Nº 204/83 en la que se define el deslinde de incumbencias entre arquitectos y planificadores. Por resolución 1415/83, con referencia al expediente Nº 18750/80, anexo 20.754, el C.S. de la UBA aprueba las incumbencias correspondientes a las dos carreras que se dictan en la FAU, arquitectura y planeamiento y eleva dicha resolución al Ministerio de Educación, allí se retienen las actuaciones “hasta la asumisión del nuevo gobierno nacional”.

1984. Se suprime el Departamento de Urbanismo y Planificación por resolución DN/Nº 95/84 que pasa a depender de la Secretaría de Investigación y Postgrado por resolución DN/Nº 96/84.
Se inician reclamos por la disolución del Departamento de Urbanismo y Planificación, expediente Nº 216.337, del 13/4/84 y por la desaparición de la carrera. Se inicia expediente Nº 34.480/84, el 1º de agosto, en el Ministerio de Educación cuestionando la supresión de la carrera.
La AAPUR solicita representación en el Consejo Académico de la FAU, el 1/2/84.
El DN arq. B. Dujovne nombra una Comisión Asesora encargada de elaborar un nuevo plan de estudios para el CUSPUR, los lineamientos se expresan en el informe presentado en junio por la arq. Nora Clichevsky a cargo del despacho del CUSPUR desde el 1/3/84, aun que no posee título ni matricula habilitante.

1985. La AAPUR obtiene su Personería Jurídica por resolución de la Inspección General de Justicia Nº 704/85.
El 1/3/85 por resolución del DN se hace cargo de la Dirección del CUSPUR el arq. Mario Robirosa, aunque no posee título ni matricula habilitante.
Por resolución Nº 452 del 1/6/85 se consideran graduados de la FAU, con fines electorales los egresados con título de “arquitectos”, “diseñador gráfico” y “diseñador industrial”.
El 9/9/85 la AAPUR envía al Rector carta documento objetando tal resolución por la exclusión de los graduados del CUSPUR, lo que “representa una virtual supresión de la carrera”; estas actuaciones se giran por expediente Nº 35.573/85.
Por nota del 21/6/85, la UBA solicita al Ministerio de Educación el estado de trámite de las incumbencias aprobadas por resolución 1415/83. El 14/10/85 el Ministerio responde que no sería pertinente acceder a lo solicitado, ya que los cursos de postgrado no modifican incumbencias otorgadas al título de grado y sólo agregan profundización de conocimientos y que a fin de redefinir las de los “arquitectos” serán realizadas Jornadas Nacionales.
En el acta de cierre de dichas Jornadas 1/11/85, que convocó a delegados de numerosas universidades nacionales y consejos profesionales, se propuso otorgar amplísimas incumbencias al título de arquitecto para dirigir planes y proyectos de planificación urbana y territorial. No existió entonces decisión ministerial al respecto y la cuestión siguió en trámite.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, resolvió con fecha 5/3/85 abrir la inscripción de peritos en Planificación Urbana y Regional asimilándolos al mismo régimen de peritos ingenieros civiles y arquitectos.
Por resolución del DN Nº 1287 del 18/12/85, se resuelve admitir la inscripción en la “Carrera de Planificación Urbana y Regional” a egresados de otras disciplinas, haciéndose mención expresa que el título no genera incumbencias y que para los alumnos de otras disciplinas que cursen materias de esta carrera como parte de sus postgrados las respectivas facultades podrán acordar títulos “con orientación en planificación”, dictadas en la FAU.
Esta resolución es remitida al Consejo Superior para su ratificación. La Dirección de Títulos y Planes de la UBA devuelve el pedido solicitando que se aclare si: a) la admisión de otros graduados es al solo efecto de cursar asignaturas aisladas ( en cuyo caso serán las respectivas Facultades las que establezcan los títulos de los diplomas) o, b) si se modifica lo dispuesto en el artículo 2º de la resolución Nº 199/69 que reservaba la inscripción a arquitectos e ingenieros y si este es el caso, corresponde determinar de qué áreas de estudio deben ser los aspirantes. Estas actuaciones giran por exp. Nº 123.102/86.

1986. Con fecha 25/2/86 se dictan las resoluciones CS Nº 101 y 137 por las cuales se reglamentan las condiciones que se deben cumplir para otorgar el título de “Doctor” y de “Magister” respectivamente.
En abril de 1986 el arq. M. Robirosa presenta al decano un extenso informe que titula “Situación de la Carrera de Planificación Urbana y Regional y tareas desarrolladas desde mayo del 85 hasta enero del 86”, en el mismo incluye una propuesta de modificación de la curricula de estudios y otra propuesta de sistema de gestión de dicha carrera.
En la reunión del 4/7/86 de la Comisión de Postgrado del Consejo Superior, la Secretaria de dicha Comisión, Dra. Camilioni, manifiesta que habiendo solicitado al Ministerio de Educación copia de las últimas resoluciones referentes a postgrado, descubrió, con sorpresa, que la resolución Nº 2263/80 del 15/12/80 de ese Ministerio (por la cual se estableció que los títulos de postgrado no generan incumbencias) fue anulada por la resolución Nº 1456/81 del “9/11/81 y que este hecho pareció pasar desapercibido por la UBA y aún por dependencias del propio Ministerio.
A raíz de ese y de otros asuntos en trámite, la Comisión decide iniciar un proceso de revisión de todas las disposiciones vigentes con miras a su reordenamiento, lo cual demandará un plazo prudencial. Así mismo, habiéndose planteado la cuestión, hay consenso de que debe reservarse la denominación de “Carrera” para los estudios que generan incumbencias y “curso” para los estudios de especialización o profundización de conocimientos ya adquiridos. Por otra parte, el criterio de la Comisión parece inclinarse por retornar a la resolución Nº 2263/80 del Ministerio.

1987. Por resolución Nº 133 del Ministerio de Educación y Justicia exp. Nº 23.745/87 se asimila al quehacer del arquitecto la planificación urbana y regional adjudicándoles las incumbencias sin requerir los estudios correspondientes. Referencias en: notas 7/2/86-134DNAU/86 y actuaciones: 2858/DNAU/86 y 217/DNAU/86 y 4637/UM/86

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La autora

Marta Dodero, es Arquitecta recibida en la FAU – UBA con título registrado en el libro de grados Nº 38, folio 145, Nº 20 y Planificadora Urbana y Regional, con título registrado en el libro de grados Nº 36, folio 14, Nº 2742. Cursó especializaciones en el Instituto de Estudios de Administración Local de Madrid sobre “Administración Municipal y Desarrollo Urbano” y en el Technion Instituto Israelí de Tecnología de Haifa, “Gerencia Urbana y Planeamiento”. Se desempeñó como Jefa del Departamento de Legislación Urbana de Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental, SVOA. Representó a Poder Ciudadano en la Comisión de Transparencia y Control de Gestión de la Comisión Asesora Permanente Honoraria del Plan Urbano Ambiental desde 1999 al 2005. Actualmente colabora en APEVU Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos y otras ONGs y grupos como Queremos Buenos Aires.

Registro de la Propiedad Intelectual Nº 533763

NOTA: Las negritas y algunos saltos de linea son míos. GM

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